La existencia de suficientes indicios de participación por la comisión de los delitos de Peculado y Lavado de dinero y de activos fue razonada en la resolución emitida por el Juez Quinto de Paz de San Salvador, quien ordenó la captura a nivel internacional para el expresidente Mauricio Funes y otras 14 personas ausentes del proceso. A esta resolución se suman las detenciones resueltas el pasado 11 de los corrientes, siempre en el caso conocido como “Saqueo Público”.
El juez tenía pendiente por emitir resolución respecto a la condición jurídica de esa cantidad de personas que se aún mantiene en calidad de prófugas o ausentes de la causa penal. Y en las últimas horas pronunció su decisión al resolver bajo la figura conocida como vista del requerimiento.
Las personas que ahora son reclamadas por la justicia salvadoreña, son: Carlos Mauricio Funes Cartagena, Nelson Antonio García Cerón, Hugo Alfredo Barrientos Clara, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, Ada Luz Sigüenza de Guzmán, Juan Carlos Guzmán Verdugo, Elvy Marina Paz Gutiérrez, Diego Roberto Funes Cañas, Luis Miguel Ángel García García, Rosa López de García, Joaquín Eduardo Cárdenas Cárdenas, Regina María Cañas Rivera, Carlos Mauricio Funes Velasco, Cristina Pignato y Tiago Nogueira Vasconcelo Cabral.
En la extensa resolución, de más de 96 páginas, el Aplicador de Justicia fundamenta de manera individualizada la actuación que cada imputado tuvo al momento de cometer los ilícitos. Todo ello, basado en los elementos probatorios iniciales que le ofreció la representación fiscal al momento de presentar el respectivo requerimiento.
Es así como en el escrito, el juez hizo constar que en el numeral 1, decretar la Instrucción del proceso contra todos los acusados. En el No.2, ordenó la detención provisional para cada al tiempo que determina los delitos que se les atribuyen y en el No.3, el juez emitió las órdenes de captura tanto a nivel nacional como internacional contra los implicados.
Asimismo, plasma en su resolución en el No.4 decretó las medidas cautelares patrimoniales siguientes: Anotación preventiva sobre todos los bienes inmuebles y vehículos automotores registrados a nombre de los imputados; al mismo tiempo, ordenó la inmovilización de las cuentas y depósitos bancarios.
Finalmente, ordenó que el proceso sea enviado al Juzgado Quinto de Instrucción ante el cual se desarrollará la siguiente etapa del proceso.
