Apopa. Por el delito de Estafa Agravada, tres sujetos fueron enviados a guardar prisión mientras dure el proceso en su contra, por el Juzgado de Paz de Tonacatepeque, luego que Fiscales de la Unidad de Patrimonio Privado de la oficina de Apopa, comprobaran la participación de los imputados en el ilícito en el cual se les acusa, dijo el jefe de la oficina, Carlos Herrera.
Según manifestó el jefe Fiscal, Bajo la promesa de legalizar un lote en la Comunidad 2 de Noviembre, en el municipio de Tonacatepeque, departamento de San Salvador; Noé Augusto Ruíz Castaneda, Óscar Salvador Ramírez y Hugo Nelson Ramírez Sigarán, estafaron a 40 habitantes de la zona, con diferentes cantidades de dinero, que según los afectados serviría para escrituración y otros pagos para diferentes actividades, para que tuvieran propiedad las tierras.
La investigación inicio a través de denuncia interpuesta en la oficina Fiscal de Apopa, el 6 de septiembre de 2017, por María del Carmen Murcia Vda. de Montano, y Antonia Guadalupe Flores Chávez, en perjuicio de su patrimonio y de más personas afectadas; hecho que se le atribuyeron originalmente a Hugo Nelson Ramírez Sigarán, quien les estaba legalizando las tierras en la Comunidad 2 de Noviembre, de la Jurisdicción de Tonacatepeque.
Según la declaración de las víctimas, el proyecto era para personas de escasos recursos, por lo que ellas d al igual que más de 200 personas se acercaron para hablar con el señor Ramírez Sigarán, quien les manifestó que el pertenecía a una ONG y que les iba a ayudar a entregarles un lote en la comunidad en mención y que se los iba a legalizar, pero les dijo que para poder entrar en el proyecto, tenían que entregar la cantidad de 500 dólares, y se reunían todos los domingos, por a tarde, en donde a cada persona interesada pagaría cinco dólares, dinero sería para pagar aranceles.
Además les manifestó que él buscaría donaciones para que el precio a cancelar fuera 300 dólares, para el papeleo de escrituración; posteriormente les pidió la cantidad de 12 dólares, con el propósito de que el Fondo Social para la Vivienda, les iba a entregar materiales para la construcción de vivienda en el terreno en legalización, por lo que hizo mediciones en el terreno y les repartió un lote de seis metros de frente, con siete metros de fondo, pero les dijo que los limpiaran y que los cercaran, pero que nadie podía construir todavía, hasta que les legalizara.
El 28 de agosto de 2016, con documento mano, el cual les explicó que era las escrituras de los terrenos entregados; y que posteriormente el Centro Nacional de Registro, les iba a llamar para que retiraran las escrituras ya legalizadas; posteriormente siguió llegando a las reuniones los días domingos en donde siempre les cobraba los cinco dólares por persona interesada.
En el transcurso de la investigación y al entrevistar a las demás víctimas, se encontró que el dinero recolectado, a veces por la directiva, les era entregado previa firma de recibido al imputado y a otras dos personas los cuales fueron identificados como Noé Augusto Ruiz Castaneda y Óscar Salvador Ramírez Ramírez.
