La Unidad de la mujer y el menor de esa sede fiscal confirmó que la vista pública fue desarrollada por el Tribunal Cuarto de Sentencia en esta capital.

La fiscal del proceso Griselda de Toledo, dijo que el delito que se le atribuye al imputado es Violación en menor o incapaz en la modalidad continuada, cometido en perjuicio de su sobrina menor de nueve años de edad. Sin embargo, los ultrajes los comenzó a consumar desde hace un año atrás.

“El Tribunal admitió toda la prueba aportada por la representación fiscal y al momento de emitir su fallo, este fue condenatorio imponiéndole al imputado la pena de prisión de 20 años”, agregó la fiscal De Toledo.

Consta en las diligencias que los hechos sucedieron en una vivienda de la zona conocida como Finca Argentina, en donde Ayala aprovechaba cuando cuidaba a la menor para consumar los abusos.

“La pequeña víctima manifestó que había ocasiones que la iba a traer a la escuela y la llevaba a casa solo para aprovechar que estaban solos y así cometer los abusos. Aunque la niña se resistía él la amenazaba y la insultaba hasta lograba su objetivo”, aseguró la fiscal.

Sin embargo, la menor reveló a su madre lo que sucedía y fue de esa manera que el caso llegó a conocimiento de la FGR en donde se dio inicio a la investigación y posteriormente se giró la orden de captura siendo sometido posteriormente al correspondiente proceso penal.

Los hechos sucedieron el 13 de junio de este año, alrededor de las 7:00 de la noche, cuando Jorge Sisco, tenía una discusión con su compañera de vida y a medida que iba avanzando el altercado los insultos se convirtieron en golpes hacía la víctima.

El imputado después de agredirla trato de desnudarla enfrente de sus hijos y amarrarle los pies con unos cables de metal y exponerla así a la calle, pero no pudo lograrlo. Entonces decidió encerrarla en un cuarto, agarró un recipiente de gasolina y le prendió fuego.

La víctima resulto quemada de la pierna y pie derecho y quemadas en la rodilla izquierda. El imputado no la dejó salir del cuarto durante toda la noche y la amenazó que si lo metía preso, saldría y la mataría.

La audiencia preliminar se realizó este día en el Juzgado de Paz de Atiquizaya.

Fiscales de la Unidad Especializada Antipandillas y delitos de Homicidio, iniciaron las investigaciones desde el conocimiento de la revuelta en dicho reclusorio que dejó como saldo 3 internos fallecidos y por lo menos 7 reclusos gravemente lesionados.

Fiscales del caso, afirman contar con suficientes elementos de prueba contra los 45 reclusos quienes enfrentan su participación en el crimen de Jeremías Zepeda “Huezo”, quien fue asesinado en el sector B del centro penal. Se detalla que dicha víctima cumplía una pena de 10 años por el delito de violación y 8 años por robo agravado.

De igual forma los imputados deberán responder por el homicidio agravado en Rigoberto Martínez Rauda, asesinado en el sector A. dicha víctima cumplía una condena de 45 años de prisión por un homicidio agravado y un homicidio agravado tentado.

Finalmente los fiscales cuentan con una serie de pruebas entre testimonial y pericial que vincula a los imputados en el homicidio de Oscar Misael García Alarcón, alias “Diablito”, quien fue asesinado en la celda 8 del sector A y al momento del crimen cumplía una pena de 10 años de prisión por un robo agravado.

Asimismo enfrentarán el delito de homicidio agravado tentado en 7 internos que resultaron con graves lesiones producto de la reyerta.

Adolfo Antonio Rosales, fiscal del caso, señala que informes forenses detallan que todos los fallecidos recibieron múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo con arma blanca de tipo hechizas. La Fiscalía sostiene que los crímenes se debieron al control que los imputados querían ejercer dentro del centro penitenciario.

La Vista pública se instaló ésta mañana en el Tribunal Especializado de Sentencia de Santa Ana y se espera que finalice al final de la semana.

El primer caso de una de las víctimas la mayor de las hermanas, manifiesto que fue a los c cinco años de edad fue el primer encuentro sexual con su progenitor, cuando la agarro de la mano y la llevó al cuarto que compartía el imputado con la mamá de las niñas.

Cuando estaban ya en el cuarto, el imputado se desnudó y desnudo a su hija, empezó a tocarla con sus partes genitales hasta que eyaculaba, este tipo de agresiones ocurrió en varias ocasiones hasta que la víctima cumplió 9 años que la violó introduciéndole el pene.

El padre la amenazó que si le decía a alguien, le iba a pegar, la víctima decidió quedarse callada, hasta el año 2012, que le contó a su mamá lo que estaba ocurriendo, pero su mamá no le creyó, y le pidió que no le dijera a nadie de lo que pasaba, ya que no se lo había dicho con tiempo.

Los abusos de las menores continuaron hasta este año que la menor manifiesta que no sabe cómo la policía se dio cuenta que su padre abusaba de ella y de sus hermanas menores, cuando los agentes se hicieron presente en el mes de abril de este año, en la casa de habitación de las menores.

Los oficiales le preguntaron a la víctima, ¿Si era cierto que su padre abusaba sexualmente de ella y de sus hermanas?, la menor les respondió: que si era cierto, que su padre abusaba de ellas y que muchos de los abusos ocurrieron en presencia de sus hermanos y los abusos de sus hermanas en presencia de ella.

Porque a veces el imputado las desnudaba enfrente de las demás siendo el caso de la hermana de en medio, que manifiesta que cuando su padre se encontraba en la habitación con su hermana mayor, a los 15 minutos salía y el padre le decía que entrará y observaba a su padre totalmente desnudo acostado en la cama.

El imputado le pedía que se acostara a la par de él y que se quitara la ropa, la menor al resistirse este la amenazaba con pegarle, hasta que accedía la menor.

En el caso de la última de las hermanas, la más pequeña dice que su progenitor la llevaba a la parte trasera de la casa, y que ahí procedía a tocarle sus partes íntimas, mientras que la madre se encontraba dormida en la casa de habitación.

La audiencia inicial se realizó el 14 de junio de 2013, en el Juzgado de Paz de Guaymango, resolviendo la Juez, decretar la detención contra el imputado, por los delitos de Violación en Menor e Incapaz Agravada y Agresión en Menor e Incapaz Agravada en su Modalidad de Delito Continuado, además instrucción con detención contra la madre de las menores, por el delito de Complicidad en los Delitos de Violación en Menor e Incapaz Agravada en su modalidad de delito continuado.

El informe de la Unidad del Menor y la Mujer de esa sede refiere que el imputado enfrentó la vista pública a cargo del Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, en donde se le atribuyó la comisión del ilícito Violación en menor o incapaz en su modalidad continuada. La víctima de este hecho, al momento de suceder contaba con 13 años.

La fiscal del caso, Silvia Saca, explicó que los elementos de prueba detallados al momento de su intervención llevaron a crear la certeza jurídica ante el Tribunal. En consecuencia el veredicto fue condenatorio siéndole impuesta la condena de los 20 años, así como el pago de 700 dólares en concepto de reparación civil.

“Los resultados de los exámenes periciales practicados a la menor víctima, los testimonios de los ofendidos y testigos, así como la prueba documental fue clara en mostrar la existencia del ilícito”, agregó la fiscal.

Consta en las diligencias que la jovencita conoció a Cruz Pérez en una actividad recreativa en enero del 2012 en el Anfiteatro del Puerto, después de una conversación acordaron volver a sostener otros encuentros. “Fue así como él logró convencerla para que le dijera a qué horas podía llegar sin ser visto hasta su vivienda y a donde está ubicada”, dijo la fiscal Saca.

La primera vez pudo cometer el ultraje en la pequeña víctima sin que sus familiares los supieran; sin embargo, el 9 de noviembre entró nuevamente a la habitación de la menor, pero fue descubierto por los padres quienes de inmediato llamaron a la PNC para que interviniera en el caso.

La Policía efectuó la detención flagrante y posteriormente lo puso a disposición de la FGR para iniciar las pesquisas, siendo llevado el proceso hasta la fase final en donde hoy concluye con la condena ya descrita.

Cojutepeque, Cuscatlán.

La Fiscal del caso de la Unidad el Menor y la Mujer de la oficina de Cojutepeque, ofreció suficientes elementos de convicción de que la joven madre es responsable del crimen de su hijo, después que dio a luz en la madrugada del pasado seis de junio.

Con base a las pruebas indiciarias recabadas por la representante Fiscal en esta primera etapa procesal, y ofrecidas en la audiencia inicial en el Juzgado de Paz de San Bartolomé Perulapía, el operador de justicia, resolvió que la incriminada debe de mantenerse en prisión mientras dura el proceso penal en su contra.

El escrito de inicio de la acción penal, relata que el recién nacido fue descubierto en la madrugada del pasado jueves, por agentes de la Policía Nacional Civil, en el fondo de la fosa séptica desnudo y sin señales de vida.

El dictamen forense que es parte de las pruebas en contra de la imputada, según el requerimiento fiscal, establece que el bebé de sexo masculino, nació vivo y que murió por asfixia por obstrucción de vías respiratorias por contenido de material de fosa séptica.

El neonato fue encontrado, según las investigaciones fiscales, porque la madre desde el caserío la Rinconada, del cantón La Loma de San Bartolomé Perulapía, pidió auxilio de transporte  al puesto policial de dicho municipio, justificando que adolecía de una fuerte hemorragia.

La mujer fue trasladada a la Unidad de salud del municipio de San Martín, pero el médico sugirió que la llevarán a un hospital porque todo indicaba que podría ser un caso de aborto.

Desde allí comenzaron las sospechas contra la joven, porque para pedir auxilio dio un nombre diferente al que proporcionó al médico, posteriormente aceptó que había abortado, después cambió su versión y dijo que había abortado porque un grupo de sujetos la habían golpeado.

Tras ingresarla a un centro asistencial, los agentes decidieron ir a inspeccionar el lugar de la residencia y encontraron que en un cuarto habían manchas de sangre y a 10 metros de distancia una fosa séptica donde estaba el neonato.

Tras las pruebas ofertadas por los fiscales del caso durante la vista pública, celebrada en el Juzgado de Sentencia de Ahuachapán, entre ellas, testimonio de un testigo con régimen de protección de testigos, prueba pericial y documental, el imputado fue sentenciado a una condena de 20 años de cárcel por el Homicidio Agravado, previsto y sancionado en el Art. 128 y 129 numeral 3 del Código Penal en grado de coautoría.

El dictamen de acusación fiscal señala que el crimen se registró en el año 2011, a la altura de la entrada al Beneficio Agua Caliente del Cantón el Barro de la ciudad de Ahuachapán, cuando el bus hacia su recorrido de Sonsonate hacia Ahuachapán, explicó el fiscal de la Unidad de Vida de Ahuachapán.

Según lo manifestado por el testigo protegido, en el homicidio participaron dos sujetos, que se hacían pasar como pasajeros, uno de ellos identificado como el “chele nato” y otro un menor de edad, quienes iban sentados atrás del motorista al lado izquierdo, se levantaron y le manifestaron al conductor se bajaban, el conductor empezó a disminuir la velocidad del autobús, en ese momento cada uno de los sacó un arma de fuego de la cintura y se pararon en las gradas de la puerta delantera, y cuando ya casi había parado la marcha el bus sin mediar palabra realizaron un aproximado de seis disparos entre los dos sujetos impactando, todos en el cuerpo del motorista José Eduardo González Quezada los dos sujetos se lanzaron del bus y huyeron del lugar.

Al continuar con su relato el testigo protegido manifestó que a raíz de los impactos de bala el motorista del bus perdió el conocimiento, por lo que la unidad de transporte se detuvo como a 80 metros fuera d la carretera, cerca de un precipicio de unos 150 metros de profundidad, todos los pasajeros, alrededor de 40, comenzaron a salir del bus percatándose en ese instante que el González Quezada aun estaba con vida.

A los veinte minutos aproximadamente llegó personal del sistema 911 de Ahuachapán y traslado a la mayoría de personas hacia diferentes centros asistenciales para que recibieran asistencia médica, llevando al conductor al Hospital Nacional Francisco Menéndez, donde minutos después falleció a causa de los disparos de arma de fuego recibidos en la cabeza.

Según manifestó la jefe fiscal, que aunque no se logró determinar el motivo del homicidio se presume que fue por motivos de pago de extorsión; la audiencia de vista pública contra Natividad de las Mercedez Caishpal Godínez, (a) “chele nato”, se llevó a cabo en el Juzgado de Sentencia de Ahuachapán, imponiendo 20 años de cárcel, sentencia que deberá cumplir en un centro penitenciario del país.

En el 2010, a Leonel Sandoval, se le incautaron armas de fuego como fusiles calibre 5.56 de uso exclusivo de la fuerza armada y 2,000 relojes de diferentes marcas, cuya compra de mercadería no fue comprobada por no tener los documentos correspondientes.

El imputado pasó tres años prófugo, cuando fue puesto en libertad por un juzgado en la ciudad de Santa Ana, por medio de una fianza. En este momento, la Fiscalía menciona que varios abogados han presentado diversas peticiones para que el imputado no vaya a la cárcel. Sin embargo, los tribunales han negado todas esas peticiones y le han dado la razón a la Fiscalía.

Sandoval Villeda, fue capturado el 13 de junio de este año, cuando salía de uno de sus negocios que funcionan en Santa Ana, sobre la 6a Avenida Sur, entre 9a y 11a Calles Poniente.

La Fiscalía se quedará en la espera en que las autoridades policiales, presenten al imputado ante el Juzgado Tercero de Instrucción de Santa Ana, para notificar la fecha en que se realizará la audiencia preliminar contra Leonel Sandoval, informa la Licda. Adela Sarabia, Directora de la Defensa de los Intereses del Estado.

San Francisco Gotera, Morazán.

Con base a los elementos de probabilidad de la existencia del delito y de la participación de los imputados: Wilber Alexander Méndez Reyes y Encarnación Ayala Gómez, el Juez Especializado de Instrucción de San Miguel,  les decretó instrucción formal con detención provisional.

La solicitud de imposición de medidas relata que, las víctimas, José Rolando Martínez Vásquez y Elmer Antonio Pérez Zelaya, fueron atacadas con disparos de arma de fuego el 10 de diciembre del año pasado, aproximadamente a las 2:30 de la tarde, cuando pescaban en unas pozas del río conocido como “Del Pueblo”, ubicado en el barrio de Arriba de Guatajiagua.

Martínez Vásquez falleció en el lugar, mientras que Pérez Zelaya fue trasladado aún con vida al hospital de San Francisco Gotera pero falleció en el camino.

Tres más a la cárcel

 En otro proceso penal, José Oscar Reyes, Jorge Raúl Molina Flores y José Antonio Escobar Ulloa, fueron enviados a prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Hilario Coreas Andrade.

El crimen se registró el 31 de julio del año pasado, aproximadamente a las 4:30 de la madrugada, en el caserío Los Perla, jurisdicción del cantón Labranza del municipio de Sociedad, Morazán.

Los incriminados golpearon a la víctima, pero Oscar Reyes le propinó varias heridas con un corvo en la cabeza que acabaron con su vida.

La instrucción formal con detención provisional también fue emitida por el Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel, tras las pruebas indiciarias ofrecidas por el Fiscal el caso.