Historia

HISTORIA Y FUNCIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

La Fiscalía General de la República, desde sus orígenes, ha procurado velar por los intereses de las víctimas, el resguardo del Estado de Derecho y por el fiel cumplimiento de la Constitución y de la Leyes de la República.
Desde principios del siglo veinte, el Estado salvadoreño luchó para que la Fiscalía General de la República tuviese una estructura institucional sólida de cara a los problemas que enfrenta a diario la sociedad y el Estado.

Fue así que por decreto número 251 de fecha 29 de noviembre de 1945 se le introduce enmiendas por parte de la Asamblea Nacional Constituyente a la Constitución Política de 1939, la cual rigió a partir de este momento en ella el Ministerio Público y que éste sería ejercido por el Procurador General de la República, gozando de independencia de acción en el Ejercicio de sus funciones.

Pero no fue hasta el 4 de marzo de 1952 que surge la LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO, que da vida a la Fiscalía tal y como la conocemos ahora.

En la Constitución vigente erigida en 1983, establece, entre las facultades conferidas al Fiscal General de la República, según el art. 193: dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil en la forma que determine la ley; y el numeral 4° promover la acción penal de oficio o a petición de parte.

La Fiscalía General de la República de El Salvador es el organismo que posee, de acuerdo a su ley orgánica, las competencias de «defender los intereses del Estado y de la sociedad; dirigir la investigación de los hechos punibles y los que determinen la participación punible; promover y ejercer en forma exclusiva la acción penal pública, de conformidad con la ley; y desempeñar todas las demás atribuciones que el ordenamiento jurídico les asigne a ella o a su titular».

La institución es conducida por el Fiscal General de la República, quien es nombrado por la  Asamblea  Legislativa  para desempeñar un período de tres años con posibilidad de ser relegido.

Para el presente período, fue electo como Fiscal General de la República, el licenciado Luis Antonio Martínez González, Abogado y Notario, con más de veinte años de experiencia en el ejercicio de la profesión y una trayectoria intachable.

Fue electo por la unanimidad del pleno de la Asamblea Legislativa, el 4 de diciembre de 2012, luego de un riguroso proceso de selección, tal y como lo establece la Constitución.

El acuerdo de todas las fuerzas políticas del país, le permite al Fiscal General de la República tener completa independencia en el ejercicio de sus funciones.

Desde la llegada del fiscal Martínez, se han implementado planes concretos para el fortalecimiento en la investigación del delito, especialmente aquellos de naturaleza compleja, como los relacionados al narcotráfico, extorsiones, homicidios, masacres, secuestros, hurto, robo de vehículos, lavado de dinero y actos de corrupción, entre otros.

En la parte administrativa, en su primer año de labores se ha otorgado un seguro médico hospitalario a los más de 1,700 empleados con los que cuenta la institución. Se han in augurado 3 modernas oficinas fiscales para desempeñar un mejor trabajo dentro de su Plan Estratégico de Modernización y, recientemente se entregaron las modernas oficinas del Archivo General Único, con el objetivo de resguardar toda la documentación de uso exclusivo de los fiscales que laboran en las 19 oficinas en todo el país.

La Fiscalía está integrada además por seis divisiones que conforman los mandos medios así: División para la Defensa de los Intereses de la Sociedad, División para la Defensa de los Intereses del Estado, División de Investigación Financiera, División Financiera Institucional, División de Recursos Humanos y División de Administración General; así mismo, estas Divisiones se subdividen en Unidades. Además cuenta con tres oficinas Regionales y 19 oficinas Fiscales, distribuidas en todo el territorio nacional y que realizan las mismas funciones que la oficina central.

En lo referente a los Fiscales, están distribuidos en determinadas áreas de especialización de acuerdo a los delitos que les corresponde investigar.

La Misión de la Fiscalía es Defender, representar y tutelar los intereses de la Sociedad y del Estado Salvadoreño, actuando con seriedad, eficiencia y responsabilidad; conforme los principios de legalidad, justicia, seguridad e imparcialidad.

HISTORY AND PURPOSE OF THE PUBLIC PROSECUTION OFFICE OF EL SALVADOR.

The Public Prosecution Office of El Salvador has watched over the victims, the protection of the juridical state, and it has complianced with the constitution of El Salvador.

From the beginning of twentieth century, the salvadoran Republic fought for the Public Prosecution Office to have a solid institutional structure for it could cope with the daily problems that society faces.

Finally, by government decree number 251 in November 29, 1945 a few amendments are introduced to the Constitution of 1939 by the National Assembly which regulated the Public Department. The head of this department had to be the General Attorney of the Republic, having the independence of action in the practice of his functions.

But it wasn´t until March 4, 1952 that emerged THE ORGANIC LAW OF THE PUBLIC DEPARTMENT, which brought to life the Public Prosecution Office as we know it today.

In the valid Constitution of 1983, the three main faculties given to the Genereal Attorney are established, according to the article 193: To direct the investigation of crimes along with the Police Department in the ways law establishes it. and the 4th numeral is to promote the penal action.

The Public Prosecution Office of El Salvador is the institution that has, according to its Organic Law, the competences of << defending the nterests of the Nation and the society; directing the investigations of punishable crime; promoting and practicing the public penal action in an exclusive way, according to the law; and executing all of the other responsabilities the law demands him or her.

The institution is directed by the General Attorney of the Nation, who is elected by the Congress to execute the charge for three years with the possibility to be reelected.

For the current period, the Attorney Luis Antonio Martínez Gónzalez, with more than 20 years of experience in the field, was elected as the General Attorney of the Nation.

He was elected by unanimity by the Congress, on December 4, 2012, after a long and meticulous process, just as the Constitution establishes it.

The agreement of all the politic forces of the country allows the General attorney to have complete independence in the exercise of his functions.

Since the arrival of the attorney Martínez, new programs have been introduced to reinforce crime investigation, specially those of complex nature, like the ones related to drug traffic, extortion, homicide, massacre, kidnapping, robbery, money laundering, acts of corruption and others.

In the administrative field, on his first year he has given a medical insurance to more than 1700 employees that belong to the institution. Three new offices of public prosecution have been opened to execute a better work according to his Strategic Plan of Modernization. Recently, the new office of Unique General Files has been opened which main goal is to protect all the files and documentation, exclusively used by the attorneys from the 19 offices all over the country.

The Public Prosecution Office has 6 departments: Department for the Defense of Society´s Interests, Department for the Defense on the Nation´s Interests, Department of Financial Investigation, Department of Institutional Finance, Department of Human Resources and Department of General Administration, and of all these departments are subdivided into other departments. Besides, there are 3 regional offices and 19 offices spread all over the country which execute the same activities as the main office.

Attorneys in these departments are distributed in specific areas according to the field they are experts in and also the nature of the crimes.

The missión of the Public Prosecution Office is to defend, represent and protect the society and nation´s interests working with efficiency, seriousness and responsability; according to the principles of law, justice, security and impartiality.

 

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