Fiscales de la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres, realizan un programa de concientización en la población estudiantil, sobre los delitos a que están expuestos y la importancia de denunciar oportunamente toda agresión que atente contra su integridad. La jefe de la Unidad, Cecilia Pineda, reconoció la importancia de este tipo de iniciativas que inició en el Centro Educativo “Walter Thilo Deninger”, en Antiguo Cuscatlán y que continuará en otros centros educativos del país.
En otro tema, hoy fue presentado en el Juzgado de Paz de la ciudad de Concepción de Ataco, en Ahuachapán, el requerimiento en contra de Jacqueline Alejandra Martínez Herrera, de 18 años, y el médico Roberto Arturo Valdivieso López, de 57, acusados de participar en el feminicidio de Melvi Fernanda Nájera Quezada, la joven que fue asesinada el 31 de enero de este año en Concepción de Ataco y cuyo hijo estuvo cuatro días abandonado en una hacienda del lugar.
Por otra parte la oficina fiscal de Santa Tecla reporta la condena de cuatro años de prisión en contra de Mardo Abel Escobar, quien logró seducir a su víctima a que le confiara la cantidad de 8 mil dólares, a cambio de entregarle las escrituras de un inmueble, el cual al ser cotejado en el Centro Nacional de Registros (CNR), resultó que dicho inmueble no existía, por lo que se le condenó a 4 años de prisión y a la devolución de $10 mil en calidad de responsabilidad civil.
La Unidad de Delitos en contra del Menor y la Mujer de la oficina de San Salvador, informa sobre la condena a 16 años de prisión en contra de Carlos Alexander Landaverde, de 44 años de edad, por el delito de Otras Agresiones Sexuales Agravadas, en perjuicio de un menor de 16 años de edad. El hecho se dio el año pasado en la colonia Escalón de esta capital.
Finalmente la oficina fiscal de Ahuachapán reporta la detención de siete personas, en un procedimiento desarrollado esta madrugada en San Francisco Menéndez y la cabecera departamental, a quienes se les acusa de extorsionar a comerciantes de la zona, a quienes les exigían sumas de dinero de $50 y $150, a cambio de respetarles su integridad física
