San Miguel. Fiscales de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer de la oficina de San Miguel, demostraron la responsabilidad penal del Gobernador Departamental de dicha cabecera del oriente del país, Ricardo Osmín Canales, al manifestar palabras denigrantes, peyorativas y soeces contra una ordenanza de la institución.
Su actitud es calificada por la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, como delito de Expresiones de Violencia contra La Mujer, por lo que, después de enfrentar el juicio en el Juzgado Segundo de Sentencia de San Miguel, fue condenado con la pena mínima a dos salarios mínimos del sector comercio, equivalentes aproximadamente a 600 dólares.
Aunque el Fiscal del caso, había solicitado que se le impusiera la pena máxima con que se castiga el delito, que es de 25 salarios mínimos, por ser funcionario público.
Además, Osmín Canales, fue sancionado con la pérdida de sus derechos ciudadanos por un año, a no participar en procesos de elección popular.
De acuerdo a la denuncia, en un lapso de un año y medio, el Gobernador acusaba a la víctima de ser “mañosa, puerca” y la trataba con palabras soeces, cuando realizaba sus labores de limpieza en la institución.
La ofendida aseguró que la acusaba de no hacer bien su trabajo y de robarse el refrigerio, que Gobernación facilitaba en las reuniones de trabajo.
Primera condena
En septiembre de 2016, la Unidad de Atención Especializada para la Mujer de San Miguel, también logró la condena del exalcalde del municipio de Sociedad, del departamento de Morazán, Omar Antonio Lazo Vásquez, de 56 años, a pagar mil 510 dólares, al ser declarado responsable del delito de Expresiones de Violencia contra la Mujer.
El veredicto condenatorio fue emitido por el Juzgado de Sentencia de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, después de validar las pruebas de cargo en contra de Lazo Vásquez, quien en el año 2013, según los testigos, le gritó en forma reiterada a la víctima de 26 años, que “no servía para nada”, “que era una tonta” y “que era una inútil”.
El Juez estableció en su sentencia que el exfuncionario edilicio, debería pagar seis salarios mínimos, del sector comercio e industria.
