La Fiscalía General de la República logró que se inmovilizaran inmuebles, vehículos y cuentas bancarias propiedad de la empresa minera Oceana Gold, antes Pacific Rim, por el impago de las costas procesales al Estado de El Salvador, derivadas de un arbitraje internacional promovido por la empresa minera ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, por sus siglas en inglés), que ha perdido y ha sido condenado a pagar ocho millones de dólares por los gastos en los que ha incurrido el país.
La solicitud de Diligencias de Auto de Pareatis, se ha dado con el fin de obtener el reconocimiento y autorización nacional, para la ejecución del Laudo pronunciado por el Tribunal de Arbitraje del CIADI, y con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la cantidad estipulada por la instancia arbitral.
La inmovilización se ha dado luego que la Fiscalía se lo solicitara, el pasado 7 de marzo, a la Corte Suprema de Justicia con base en el laudo arbitral que ha ganado el Estado de El Salvador ante mencionada instancia internacional, con sede en Washington D.C.
La Fiscalía ha logrado inmovilizar nueve inmuebles, todos ubicados en San Isidro, Cabañas, lugar donde habían solicitado el permiso para la exploración y explotación minera. Tres cuentas bancarias con 198,904 dólares y siete vehículos, la mayoría todoterreno.
El 14 de octubre de 2016, El Salvador gana el laudo arbitral a la empresa Pacific Rim, quien había demandado al Estado salvadoreño por 248 millones de dólares, argumentando que se le habían vulnerado sus derechos comerciales al prohibirle la exploración y explotación minera en territorio nacional.
La empresa había sido condenada a pagar ocho millones de dólares, en octubre anterior, en concepto de costos procesales incurridos por el Estado salvadoreño desde que había iniciado el proceso. El CIADI también se pronunció para que la empresa minera pague además los intereses, por el impago de la sentencia.
