Santa Ana. La Unidad Fiscal de Delitos de Crimen Organizado, informó este miércoles sobre las condenas de 50 años de prisión impuestas a dos imputados, por un tribunal anticrimen de esa jurisdicción, luego de ser declarados culpables por la muerte del director administrativo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) de Santa Ana, hecho sucedido el año 2016.
De acuerdo al informe, el Tribunal Especializado de Sentencia de Santa Ana, desarrolló la audiencia de vista pública en contra de Edwin Ernesto Prudencio Martínez y Linley Valeriano Guillén Pérez.
Los delitos que se les atribuyen son: Homicidio Agravado en perjuicio de José David Álvarez Cruz y Extorsión Agravada, en contra de los parientes del fallecido, quien era el responsable administrativo del ISSS en esa jurisdicción.
La representación Fiscal del caso, aportó en el juicio una serie de elementos probatorios que demuestran la participación delincuencial de los implicados al momento de consumar los hechos.
Una de las fiscales expuso que el hecho sucedió el 4 de julio de 2016, en la vivienda de uno de los implicados ubicada en Col. Las Victorias, cantón Primavera del departamento de La Libertad. Prudencio Martínez conocía a Alvarez Cruz y eso le permitió convencerlo para que llegara a bordo de su vehículo hasta su casa.
Dentro del inmueble la víctima fue privada de su vida y para lo cual Prudencio Martínez, contó con la ayuda de Guillén Pérez; finalmente, el cadáver fue abandonado en un barranco sobre la carretera al Volcán de San Salvador.
“Además, los imputados estuvieron comunicándose vía celular con los familiares y les exigieron altas cantidades de dinero a cambio de devolverles el automóvil y darle información sobre su paradero, pero nunca les dijeron que él ya estaba muerto”, explicó una fiscal que logró la condena.
Fue precisamente el 11 de julio 2016, que los familiares acordaron entregar $850 en efectivo, bajo el compromiso que posteriormente unos pandilleros les darían la información que necesitaban, pero al llegar al lugar pactado en pleno centro de Santa Ana, las autoridades ya los esperaban con un dispositivo siendo capturados en flagrancia.
El Tribunal determinó imponerles 30 años de cárcel a cada uno por el Homicidio y 20 por la Extorsión.
