Fiscalía Anticorrupción logró condena para exsecretario de la presidencia y su esposa por Enriquecimiento ilícito

Jorge C.; enero 5, 2018

La Unidad Especializada de Delitos de Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), nuevamente logró demostrar con abundante prueba y una sólida investigación, otro caso más de corrupción, cometido en el periodo presidencial de los años 2004-2009. Esta vez, en sede judicial quedó demostrada la participación del exsecretario de la presidencia, Elmer Roberto Charlaix Urquilla, por el delito de Enriquecimiento ilícito.

“Con las últimas sentencias por Enriquecimiento Ilícito la justicia comienza a ser para todos en el país”, sostuvo el Fiscal General, Douglas Meléndez, al expresar su satisfacción ante la condena emitida en este proceso.

El fallo fue notificado la tarde anterior, por parte de los magistrados de la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en el cual también se incluyó a la esposa del exfuncionario, María Arline Rivas de Charlaix.

“Es inaceptable que fondos del Estado hayan ido a parar a cuentas privadas del exsecretario y su esposa”, reza parte del fallo.

De acuerdo a la decisión de los aplicadores de justicia $17,983,893.06, es el monto total que tendrán que devolver al Estado salvadoreño, correspondiendo al exfuncionario restituir la cantidad exacta de $17,809,967.31 y su esposa de $173,925.75.

“Este caso no termina aquí. Ahora iremos por la recuperación de los fondos que fueron sustraídos del Estado a través de la Unidad de Extinción de Dominio, donde ya se tiene abierto un proceso”, advirtió el Titular de la FGR, Douglas Meléndez.

En cuanto a la existencia por un doble juzgamiento, según lo planteaba la defensa, los magistrados fallaron: “No ha lugar a las excepciones de litispendencia de prescripción de la acción y falta de Enriquecimiento ilícito alegadas por los procuradores de la parte demandada”.

Además, los fiscales Anticorrupción lograron que ambos condenados queden inhabilitados para el ejercicio de algún cargo público por un plazo de 10 años, a partir de la firmeza de la sentencia.

También, los administradores de justicia pondrán a disposición del Juzgado Especializado de Extinción de Dominio, los bienes que actualmente están sujetos a medidas cautelares por el órgano judicial.

Finalmente, ambos demandados quedan condenados al pago por las costas procesales que se generaron en esa instancia judicial.

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