* Entre los condenados se encuentran cuatro lideres históricios de la Mara Salvatrucha
Fiscales de la Unidad Especializada de Delitos de Extorsión y Crimen Organizado, lograron que el Juez Especializado de Sentencia “A” de San Salvador, declarara culpables a 373 personas de pertenecer a grupos delincuenciales, algunos de ellos involucrados en tres homicidios, intentos de asesinato y provisión de armas. Las condenas aplicadas van de los cuatro hasta 74 años en prisión.
En un amplio y sustentando fallo, el Juez notificó la tarde de este 12 de diciembre, a las partes del proceso, su decisión en este caso en el que se procesaron a 425 imputados.
Las actividades ilícitas cometidas por estos imputados fueron declaradas como propias del crimen organizado, esto porque se lograron probar delitos de homicidios, Proposición y Conspiración y Agrupaciones Ilícitas.
Entre los condenados a las penas mayores de prisión están los cabecillas de la “Mara Salvatrucha”: Borromeo Henríquez Solórzano, quien purgará 39 años por coautoría en el delito de Homicidio; así como Saúl Antonio Turcios y Elmer Canales Rivera fueron declarados culpables de dos casos de asesinato y se les impuso 60 años de cárcel a cada uno y Dionisio Arístides Umanzor Osorio, fue condenado a 14 años.
Cuatro de los ocho acusados que enfrentaban el proceso en libertad fueron condenados; dos no acudieron a escuchar 
fallo, por lo que el juzgador los declaró rebeldes y ordenó capturarlos.
En la audiencia, el aplicador de justicia ordenó que se proyectaran vídeos, fotos y transcripciones de intervenciones telefónicas en donde se observó a pandilleros y políticos en distintas actividades ilícitas y de las cuales certificará a la FGR para que inicie los procedimientos correspondientes.
En su fallo, el juez señaló que, con la prueba aportada por Fiscalía, comprobó que algunos políticos, funcionarios y exfuncionarios del gobierno negociaron con miembros de estructuras terroristas a -cambio de votos para las elecciones presidenciales de 2014.
El fallo por escrito será entregado a las partes, el 6 de febrero del año 2020.
