Fiscales de Anticorrupción lograron condena de tipo civil contra alcalde de Olocuilta, por Enriquecimiento ilícito


Por: ; mayo 31, 2019

* La FGR expuso abundante elemento de prueba, con lo cual estableció la responsabilidad del demandado y queda obligado por ley, a restituir al Estado un total de $249,045.78.

San Vicente. Fiscales de la Unidad Especializada Anticorrupción lograron que una Cámara de San Vicente, declarara responsable a Marvin Ulises Rodríguez Álvarez, alcalde del municipio de Olocuilta, en La Paz, al haber enfrentado demanda de carácter civil por Enriquecimiento Ilícito. Con esta resolución judicial, el edil queda obligado a restituir al Estado la cantidad de $249,045.78.

El pasado 28 de los corrientes finalizó la recepción de pruebas e intervención de las partes procesales en la Audiencia Probatoria, que estuvo a cargo de la Cámara de la Tercera Sección del Centro con sede en San Vicente.

Durante el desarrollo de la misma, la representación fiscal expuso abundante elemento de prueba con la cual demostró la actuación ilícita que tuvo el demandado, al consumar la acción.

“Se ofreció prueba determinante como los valúos topográficos, peritajes financieros contables y otros elementos probatorios que llevaron a demostrar la responsabilidad del demandado”, explicó una de las fiscales asignadas al caso.

Este viernes, los magistrados al dar lectura al fallo fueron determinantes en señalar que fue bien fundamentada la investigación y que se había probado la existencia del ilícito y por lo que procedieron a declararlo responsable civilmente por Enriquecimiento ilícito. Dieron por establecido la existencia del manejo indebido de una cuenta corriente a nombre del alcalde Rodríguez Álvarez, así como la adquisición de bienes inmuebles sin la debida justificación.

Es así, como ha quedado obligado por ley a restituir la cantidad de dinero ya descrita, por ser considerado un patrimonio del que se apropió indebidamente. Pero aparejada a la declaratoria, también quedará inhabilitado para ejercer el cargo durante 10 años, pero una vez que la sentencia sea declarada en firme, es decir, después que sean resueltos los recursos correspondientes de la parte defensora.

Esta investigación inició a partir de un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con fecha 10 de octubre de 2016 y el cual fue ratificado por el Pleno de la CSJ en diciembre del mismo año.

Actualmente, al alcalde se le han inmovilizado cuentas bancarias y bienes muebles.

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