San Miguel. La Unidad Antiextorsiones de la oficina Fiscal de San Miguel, ordenó la captura de 48 miembros de la MS-13, de los cuales 24 son los presuntos responsables de planificar y ejecutar la explosión de una granada M67, al interior del penal de Ciudad Barrios, el 24 de marzo de 2017.
Doce de las capturas se hicieron efectivas esta madrugada en los municipios de Moncagua y Chapeltique de San Miguel; y en Guatajiagua, Delicias de Concepción y El Divisadero de Morazán. Las otras 36 órdenes serán notificadas a reclusos que ya guardan prisión en diferentes penales de Zacatecoluca. Izalco, Jucuapa y Ciudad Barrios.
Las investigaciones Fiscales y policiales, recabaron suficientes evidencias de que la explosión de la granada de fabricación industrial, fue ordenada desde el penal de Zacatecoluca, por las disputas internas de la MS, con el grupo conocido como 503.
Después de la explosión del artefacto, la FGR realizó una íntegra inspección y requisa en el centro de reclusión, para recabar las evidencias en el sector uno del penal. En la acción criminal resultaron lesionados dos internos que presentaban heridas en el cráneo, cuello y brazos, que se encontraban en la celda tres, a la cual le cortaron los barrotes.
En la planificación y ejecución del atentado participaron tres ranfleros (líderes a nivel nacional) de la MS-13, Jaime Jhony Torres Castillo, José Félix Aparicio Rivera y Ricardo Antonio Gavidia y otros 23 mareros, quienes cumplieron diferentes funciones, como el responsable de que se cumpliera la orden, el traslado de la granada en diferentes sectores y celdas del reclusorio, el que cortaría los barrotes, y hasta el que lanzaría el artefacto.
Además, la FGR dispone de evidencia que quien dio la orden de la acción criminal fue el ranflero, Jaime Jhony Torres Castillo, cuando supo que las víctimas serían trasladadas de Zacatecoluca a Ciudad Barrios.
Con las detenciones también se estarían resolviendo cuatro casos de extorsión a empresas de buses de Ciudad Barrios, Sesori y Chapeltique, cuyo monto aproximado de dinero que ha sido exigido bajo amenazas de muerte y causar daños a las unidades de transporte, asciende a 11,500.00 dólares.
También se está haciendo justicia por ocho casos de homicidio y un feminicidio, tráfico ilícito de armas de fuego y droga, organizaciones terroristas, entre otros.
