Se trata de 260 personas relacionadas a una estructura terrorista y la cual fue desarticulada en febrero de 2018. Otros 10 acusados de la misma banda criminal, enfrentan vista pública desde hoy y durante dos semanas.
Fiscales de la Unidad de Especializada de Delitos de Extorsiones y Crimen Organizado lograron establecer la participación delincuencial de 260 personas, por lo que, en los próximos días, deberán enfrentar la etapa de vista pública según la resolución notificada hoy por el Juzgado Especializado de Instrucción “B” de San Salvador. Todos los procesados están relacionados a la “Operación Cuscatlán” llevada a cabo en febrero de 2018.
Uno de los fiscales explicó que el referido juzgado determinó no aplicar procedimiento abreviado a esa cantidad de imputados, dado que las penas de prisión que pretendían no van de acuerdo a los delitos que cometieron y en tal sentido fueron sometidos al proceso común.
“A cada persona se le atribuye el delito de Organizaciones Terroristas Agravadas. Hemos obtenido abundante prueba de tipo documental, pericial y testimonial con la cual probamos sus acciones delincuenciales, incluso las acciones que cometían desde los centros penitenciarios”, explicó el fiscal especializado.
Entre los acusados, 508 en total, figuran “corredores de programas” y en su mayoría miembros de la “ranfla nacional”, así como colaboradores, quienes enfrentarán juicio.
Hoy inició juicio contra otros empresarios y cabecillas.
Además, otras 10 personas entre cabecillas y colaboradores de la estructura que fueron capturadas en la “Operación Cuscatlán”, siempre en febrero del 2018, enfrentan desde hoy la vista pública por delitos de Lavado de Dinero y Activos y Organizaciones Terroristas.
La audiencia, que se extenderá a lo largo de dos semanas, está a cargo del Juzgado Especializado de Sentencia “B” de San Salvador.
Según investigaciones de la Comisión Especial de Investigación de la FGR, los cabecillas de la estructura, al tener excedentes de dinero ilícito proveniente de diversas acciones delincuenciales, acuerdan inyectarlos en negocios, sistema financiero y cooperativas de transporte público, a cambio de determinados porcentajes tanto para la organización criminal, como los empresarios de la zona de la Colonia Santa Lucía en Ilopango.
La representación fiscal ofrecerá una serie de elementos probatorios con los que probará la participación delictiva de cada persona involucrada.
Entre los acusados se encuentran Carlos Antonio Gómez Vásquez, alias “Orko”, señalado como “uno de los cabecillas y ranfleros nacionales”; José Joel Quinteros Escobar, otro pandillero; Irma Lorena Rodríguez Amaya, empresaria; Florinda Recinos de Bloomaert, empresaria de la ruta 29; José Ernesto Vielman, Melva Rosibel Gómez Martínez y Jackeline Victoria Mejía de Campos.
