Fiscales de la Unidad Especializada Contra el Lavado de Dinero y Activos (UECLA), lograron establecer en audiencia inicial la participación de un exfuncionario de la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL) y un empresario, así como de otro profesional, quienes actualmente están ausentes del proceso y ligados a la inconclusa construcción de la presa “El Chaparral”, por lo que un juzgado capitalino resolvió enviar a instrucción formal el proceso y decretó la detención para los implicados.
Se trata del expresidente de la autónoma CEL, Leopoldo Samour Gómez, así como del representante legal de la empresa a cargo de dicha obra, ASTALDI, Mario Pieragostini y el contador Efraín Quinteros.
“Nos mostramos de acuerdo con la resolución que ha emitido la señora juez contra las personas procesadas y quienes se encuentran ausentes del proceso, por ello, han sido emitidas las correspondiente órdenes de captura por los delitos de Lavado de dinero, Peculado y Cohecho activo”, explicó uno de los fiscales tras ser notificado respecto a la decisión judicial.
Agregó que la Juzgadora admitió los indicios de prueba que fueron ofrecidos durante la audiencia inicial celebrada el pasado 11 de enero del corriente año, y a la cual se suma la detención para el empresario Miguel Menéndez, conocido como Mecafé y quien fue llevado audiencia también el 7 de este mismo mes.
En este caso están también son procesados también el expresidente Mauricio Funes y su cónyuge Ada Michell Guzmán; contra quienes se deberá pronunciar la Aplicadora de Justicia, en los próximos días por medio de una resolución, que emitirá bajo la figura “vista de requerimiento”.
Estas acciones están relacionadas a la construcción inconclusa de la presa El Chaparral en el Oriente del país durante el gobierno del expresidente Funes. Estos ilícitos habrían derivado del pago de 108.5 millones de dólares que la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) le pagó a la empresa ASTALDI.
Las investigaciones de la FGR indican que un arreglo directo entre el presidente de CEL y representantes de Astaldi, al parecer por lineamiento del expresidente Funes, les dejó una ganancia en $3.5 millones de dólares en concepto de “dádivas”, razón que ha originado este nuevo proceso judicial.
