Santa Ana. Un total de 34 miembros de estructuras terroristas ya han sido enviados a diferentes centros carcelarios, esto después que el Juez Especializado de Instrucción de Santa Ana, emitió su resolución conforme a los indicios de prueba ofrecidos por la Fiscalía General de la República (FGR). En otro caso, se informa la condena de 20 años para dos extorsionistas en esta ciudad.
Los fiscales de la Unidad Especializada Antiextorsiones, presentaron una variedad de elementos de prueba con los cuales se fundamenta la participación de manera individualizada de cada implicado.
Junto a la participación de los imputados, el aplicador de justicia, también valoró las pruebas que se le aportaron como el dinero incautado, objetos que utilizaban para delinquir y una serie de documentos que también los relacionan a los hechos.
Para fortalecer las investigaciones el juez ha otorgado un plazo de cinco meses de instrucción.
A los detenidos se les atribuyen delitos de Homicidio y Extorsión, ambos en la modalidad Agravada; así como Privación de Libertad, Organizaciones Terroristas, entre otros.
En esta fase del proceso se ha determinado que los terroristas involucrados venían recibiendo un promedio de $9,800 mensuales, producto del cobro de la extorsión personal, así como la utilización de servicio conocido como Tigo Money. También, se establece la participación en seis homicidios.
Dos extorsionistas condenados a 20 años de cárcel
Siempre en esta ciudad, la Fiscalía Antiextorsiones dio a conocer que Jonathan Ernesto Claros Vásquez y Carlos Ernesto León Guirola, deberán cumplir 20 años de prisión tras ser declarados culpables por el delito de Extorsión Agravada.
Este juicio fue desarrollado por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana y ante el cual se presentó prueba testimonial, documental y pericial, elementos probatorios que fueron suficientes para que el aplicador de justicia estableciera la existencia del delito y participación de los imputados en los hechos.
Ambos implicados fueron plenamente identificados tanto por la víctima protegida con la clave 2898, así como por testigos que los ubicaron en tiempo y lugar al momento de recoger las exigencias de entre $50 y $200 en los meses de mayo y julio de 2016.
