El Fiscal General de la República Douglas Meléndez, lanzó de la Política de Persecución Penal de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad en el contexto del conflicto armado en El Salvador; como parte del ejercicio de las atribuciones establecidas en los artículos 193 de la Constitución de la República, y 18, 24 y 26 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, el 7 del reglamento especial de la Fiscalía General de la República, así como también del 69 de la Política de Persecución Penal, además en cumplimiento a la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que decretó la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2, 3, 4 letra e), 5 y 7 de la Ley de Amnistía General para la consolidación de la paz.
Según explicó el Fiscal Douglas Meléndez, la política desarrolla los criterios y lineamientos del marco de actuación para la investigación y persecución de los delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad; también regula los criterios y lineamientos para la persecución de los casos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario ocurridos durante el conflicto armado interno de el salvador.
Con este instrumento, la FGR avanza en los esfuerzos de país para garantizar la efectividad en la investigación y el procesamiento de las personas responsables de delitos de lesa humanidad y graves infracciones al derecho internacional humanitario sucedidos en el contexto del conflicto armado interno.
Durante el conflicto armado en nuestro país, se produjeron aproximadamente 75,000 muertes violentas y más de 5.000 desapariciones forzadas, muchos de estos clasificados como crímenes de guerra y de lesa humanidad, cometidos contra mujeres, niñez y personas adultas mayores, quienes no eran integrantes de las fuerzas beligerantes; hechos que de acuerdo con la convención de ginebra y su protocolo adicional número ii, se encuentran prohibidos, manifestó el Fiscal Meléndez.
El objetivo de la presente política, es establecer criterios y lineamientos para la persecución penal de crímenes de guerra y lesa humanidad ocurridos en el contexto del conflicto armado de El Salvador, a fin de realizar investigaciones efectivas y responsables, basadas en el principio de la debida diligencia, que posibiliten a las víctimas su derecho de acceso a la justicia, conocer la verdad de los hechos ocurridos y la reparación derivada del ejercicio de la acción penal en los tribunales competentes.
La presente política desarrolla seis líneas estratégicas, que constituyen acciones permanentes y continuas, siendo:
Línea estratégica 1: lucha contra la impunidad histórica, la cual tiene como objetivo investigar y perseguir a los responsables de violaciones de los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario o de graves hechos de violencia, que constituyan la comisión de un hecho delictivo.
Línea estratégica 2: criterios de selección y priorización de casos al interior de la Fiscalía General de la República; que tiene como objetivo, la determinación de criterios de selección y priorización de casos que serán objeto de investigación y persecución penal.
Línea estratégica 3: La investigación fiscal, la cual tiene como objetivo realizar investigaciones efectivas y responsables.
Línea estratégica 4: Cooperación y construcción de una relación de confianza con las víctimas, familiares, testigos y las organizaciones de la sociedad civil, del ámbito nacional e internacional, que defienden y promueven los derechos de las víctimas del conflicto armado interno., donde su objetivo es el de fortalecer la estructura organizativa interinstitucional para garantizar la protección y abordaje a las víctimas y la de sus familias.
Línea estratégica 5: Cooperación y asistencia internacional, que su objetivo es el intercambio de bases de datos y de información útil para la investigación como registros de delincuencia, procesos en curso, direcciones, seguimiento a personas y adopción de medidas de protección.
Línea estratégica 6: Fortalecimiento del talento humano y la gestión de recursos para la investigación y persecución de los delitos cometidos en el contexto del conflicto armado interno, cuyo objetivo es el de contar con personal especializado para la persecución penal de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Línea estratégica 7: Sistema de implementación, seguimiento y evaluación del cumplimiento de la presente política, que tiene como objetivo establecer un sistema de implementación, seguimiento y evaluación del cumplimiento de la política.
En el evento participaron Raúl López, Viceministro de Justicia y Seguridad Pública; Andrés Sánchez, Representante Regional Adjunto de la Oficina para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Ima Guirola, como Representante de las Organizaciones de la Sociedad Civil; Kenia de Palacios, Directora General Unidad Técnica de Justicia, Doctor Pedro Martínez, Director de Medicina Legal; así como familiares de las víctimas del conflicto y autoridades de la Fiscalía General de la República.
