* Junto a las demandas, se ha incorporado abundante prueba, con la cual se demostrará en audiencia que las personas demandadas incurrieron en Enriquecimiento ilícito.
Fiscales de la Unidad Especializada Anticorrupción iniciaron hoy, en instancias judiciales demandas de carácter civil en contra de dos ex funcionarios por Enriquecimiento ilícito, cuyos cargos fueron ejecutados entre los años 2007 al 2009. También figuran las esposas de los dos demandados, a quienes se les detectó incremento patrimonial no justificado.
Una demanda fue promovida por la FGR ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia con sede en Santa Tecla, la cual es la competente para conocer el proceso en contra de René Mario Figueroa y su esposa Cecilia Alvarenga de Figueroa. El señor René Mario, se le ha observado el período comprendido del 1 de enero de 2007 al 31 de mayo de 2009, tiempo en el que fungía como Ministro de Justicia y Seguridad Pública.
“Hemos determinado que se cometieron 18 irregularidades, divididas en 9 ocurridas en el periodo que realizó sus funciones y 5 consumadas un año después de su periodo como tal. Las demás irregularidades se establecen que las cometió su esposa”, explicó el fiscal Anticorrupción.
Con este caso, la FGR busca recuperar a favor del Estado, un monto total de $1,028,974.54. El valor que corresponde devolver al demandado a Figueroa, es de $871,640. 99, mientras que su cónyuge deberá responer por $157,333. 55.
Entre las irregularidades detectadas por la FGR están la compra de vehículo e inmuebles, pagos de tarjetas de crédito y pagos de préstamos.
La segunda demanda fue interpuesta en la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, con sede en esta ciudad, en contra de Carlos Roberto Morán Mancía, en su calidad de ex viceministro de Obras Públicas, quien fungió entre el periodo 4 de julio de 2008 al 1 de junio 2009.
De igual forma, ha sido demandada su esposa Claudia María de Morán.
Una de las fiscales, asignadas al caso, explicó que la pretensión de la FGR es que el demandado retribuya al Estado un total de $60,000.12 por las irregularidades encontradas en depósitos bancarios.
“La Ley de Enriquecimiento ilícito, en su Art, 26, establece que se investiga al grupo familiar, al tener que contrastar la declaración que hace el funcionario al inicio de su cargo y la que emite cuando cesa en sus funciones. Por ese motivo, es que hemos establecido que ella deberá restituir la cantidad de $22,985.33 por la compra injustificada de 3 vehículos”; sumando $82,985.45 entre la pareja, afirmó la fiscal Anticorrupción.
En ambos casos se peticionará que conforme a toda la prueba aportada a los magistrados, declararen la existencia de Enriquecimiento Ilícito, sean inhabilitados para cargos públicos por 10 años y que sea restituido el total del patrimonio no justificado.
