San Miguel. El juicio contra el exedil del municipio de San Alejo, departamento de La Unión, Immar Daniel Barrera Chávez y cuatro personas, se instaló hoy, pero tres de ellos solicitaron someterse a un procedimiento abreviado.
La oficina fiscal de San Miguel solo aceptó el beneficio de una pena mínima que no exceda de los tres años, para dos empleados de una empresa, no así para el propietario por no aceptar el delito de cohecho activo.
La Unidad de Administración de Justicia, de la sede de San Miguel, procesa al exalcalde por el delito de negociaciones ilícitas, porque el funcionario favoreció presuntamente a una empresa y aceptó dinero en la adjudicación de un proyecto de abastecimiento de agua potable, por un monto de US$24,000.00.
Por el mismo delito, se procesa al exjefe de la UACI de la comuna, Lindolfo Azael Canales Campos.
Mientras que, al responsable jurídico de la comuna, José Julián Flores Arias, ha sido declarado rebelde por ser prófugo de la justicia.
De acuerdo al dictamen de acusación fiscal, los exrepresentantes de la Alcaldía favorecieron a la empresa Perforaciones Dos Mil, S.A. de C.V., adjudicándole el proyecto “Perforación de pozo profundo para abastecimiento de agua potable en cantón Terrero Blanco, caserío El Caraón, del municipio de San Alejo”.
Según las investigaciones fiscales, el Alcalde fue favorecido por la empresa con US$3,000.00, mientras que el representante jurídico, recibió US$1,000.00.
Aceptaron el delito
Los empleados de la empresa que se sometieron al procedimiento abreviado son: Juan Francisco Zelaya Morales y Ana Gilma Cruz de Orellana. Mientras que, al dueño de la empresa, Ymmar de Jesús Romero Herrera, se le negó el beneficio por no cumplir con los requisitos que exige la ley.
La resolución será dada el próximo viernes por el Juzgado Segundo de Sentencia de San Miguel.
Todos los implicados, ya enfrentaron un primer juicio en noviembre del 2016, donde fueron absueltos por el Juez del Segundo de Sentencia. Pero los fiscales del caso apelaron la resolución ante la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Oriente, que anuló la resolución absolutoria y ordenó un nuevo juicio a cargo de otro juez.
La resolución del Tribunal Superior, consideró que el operador de justicia, incurrió en la “falta de fundamentación analítica… y de no existir… sustento en la totalidad del elenco probatorio”.
