FGR apelará fianza de $ 200 impuesta por Juez a cinco agentes del 911 para que gocen de libertad

Litzardo Rivas; mayo 23, 2017

San Miguel. La Unidad de Administración de Justicia de la oficina Fiscal de San Miguel, presentará en los próximos cinco días, un recurso de apelación ante un Tribunal Superior, por estar en desacuerdo con una fianza que el Juzgado Segundo de Paz, le impuso a un sargento y cuatro agentes de Policía Nacional Civil, para que sean procesados en libertad.

Los agentes policiales del sistema de emergencia 911, enfrentaron ayer la Audiencia Inicial, porque se presume que abusaron de su autoridad, al obligaron a una pareja de esposos a entregar ilegalmente 1,575 dólares, delito que está tipificado como Concusión.

El Juez resolvió que el caso pase a la fase de instrucción, pero les sustituyó la detención por otras medidas, entre ellas, una fianza de $ 200, no salir del país, presentarse cada 15 días al Juzgado Segundo de Instrucción, y no acercarse a testigos ni a personas que tengan que ver con el proceso.

Los imputados han sido identificados como: Juan José Majano Ramos, Fidencio Edmundo Hernández del Cid, Viles Samuel Hernández Díaz, y José Manuel Privado Mejía, a este último se le procesará también por Otras Agresiones Sexuales.

Mientras, que el sargento: Jorge Alberto Chachagua Zelada, responderá por los delitos de Encubrimiento e Incumplimiento de Deberes.

De acuerdo a la denuncia de las víctimas, el 14 de enero de 2017, se transportaban en un taxi, en el que el hombre llevaba 1,375.00 dólares y la mujer $ 200.00; cuando fueron interceptados en la colonia Milagro de La Paz, por la patrulla policial número 033029, del sistema de emergencia 911 de San Miguel, en que se desplazaban los tres policías.

En el registro le ordenaron a la mujer a que se metiera al carro policial y que se quitara el pantalón y la ropa íntima, lo que aprovechó el agente Privado Mejía, para tocar sus partes íntimas. Posteriormente les quitaron el dinero que portaban.

Después los agentes trasladaron a la pareja hacia el puesto policial 911, donde estuvieron retenidos por un tiempo y fueron interrogados, por el sargento Chachagua Zelada. Al final les manifestaron que se retiraran, pero al reclamar el dinero no se los entregan.

El delito de Concusión está sancionado con prisión de tres a seis años, en el Artículo 327 del Código Penal, e inhabilitación especial en el cargo por igual tiempo.

El litigio legal será resuelto por la Cámara de lo Penal de la Primera Sección del Oriente, que deberá de revocar la resolución o confirmarla.

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