Cuscatlán. La Jueza Segundo de Instrucción de Cojutepeque, en Cuscatlán, resolvió enviar a juicio el proceso que instruyó en contra de nueve imputados, relacionados a diversos hechos de corrupción cometidos en el año 2014, en la Alcaldía Municipal de San Rafael Cedros. La decisión de sobreseer a otros dos implicados será apelada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El informe fue emitido este martes por la Unidad Fiscal Anticorrupción, la cual confirmó que la decisión de la juzgadora de ordenar la vista pública para 9 imputados fue tomada después de valorar y admitir las pruebas ofrecidas por la FGR.
Y es que los fiscales del caso ofrecieron durante la audiencia preliminar, abundante prueba de tipo pericial y documental con la cual fundamentaron los hechos delictivos cometidos por los procesados en el periodo cuestionado.
Es así como, la aplicadora de justicia resolvió que deben enfrentar la fase de juicio, por los delitos que se les atribuyen, a las siguientes personas: Aldryng Gabriel Espinal Fuentes, Gustavo Ulises Hernández y Aracely del Carmen Garméndez de Caballero, por Cohecho Activo; José Argelio Mendoza Cruz, por Negociaciones Ilícitas, Malversación e Incumplimiento de deberes; Claudia Yaqui Argueta Barrera, Fermín Sánchez García, Miguel Ángel Antonio Hernández Flores y Alfonso Rutilio Pérez Gómez, por Malversación e Incumplimiento de deberes y María Emma Herrera Hernández, por Incumplimiento de deberes.
Además, en la resolución la aplicadora de justicia declaró rebeldes a Dina Concepción Arévalo Chicas y a José Carlos Rodríguez González, quienes actualmente huyen de la justicia.
Sin embargo, también emitió sobreseimiento definitivo a favor de Hugo Valmore Juárez Sánchez y Silvia Dinora Menjívar Alvarenga; decisión que será apelada por los fiscales asignados al caso. Juárez Sánchez, fungió como Secretario Municipal en el periodo investigado y actualmente es alcalde de Monte San Juan, en tanto Menjívar Alvarenga, se desempeñó como Tesorera Municipal siempre en la Alcaldía de San Rafael Cedros.
La resolución por escrito será entregada este próximo 23 de los corrientes.
Los hechos se remontan al año 2014, cuando la entonces alcaldesa y hoy rebelde Concepción Arévalo y algunos empleados de la comuna, se habrían beneficiado económicamente al otorgar ilegalmente proyectos de establecimiento de agua potable, en los cantones de El Copinol, El Magueyal y El Espinal.
Las investigaciones han determinado que habrían recibido dádivas a cambio de otorgar los proyectos a sus proveedores y ante lo cual son procesados desde mayo de 2016.
