San Miguel. El Defensor Público, José Roberto Benítez Romero, tendrá que enfrentar un juicio por pedir 1,500 dólares, pero seguirá en libertad condicional, esa fue la resolución del Juzgado Segundo de Instrucción de San Miguel, en la Audiencia Preliminar, afirmaron Fiscales de la Unidad de Administración de Justicia de la oficina de San Miguel.
El incriminado era procesado por el delito de Cohecho Propio, pero el Juez cambió la tipificación del delito a Cohecho Impropio.
De acuerdo a las investigaciones Fiscales, el Profesional del Derecho, presuntamente cometió la acción ilícita, en el mes de abril de 2014, cuando laboraba en la sede de la Procuraduría de San Francisco Gotera, Morazán.
De acuerdo a la denuncia, el incriminado solicitó a los familiares de dos personas acusadas de homicidio, a quien los representaba en el proceso, 1,500 dólares para poder obtener su libertad, los cuales servirían para pagar una fianza.
Pero el ofrecimiento nunca se cumplió por lo que los familiares decidieron interponer la denuncia, y la FGR ordenó su captura en mayo de este año; pero en la Audiencia Inicial en el Juzgado de Paz de Chapeltique le impusieron una fianza de 1,000 dólares y la prohibición de no acercarse a las víctimas y testigos, no salir del país y presentarse cada ocho días al Juzgado de Instrucción.
Con la detención de Benítez Romero, la sede Fiscal de San Miguel, ya suma dos Defensores Públicos de la misma oficina de San Francisco Gotera, Morazán, procesados por acciones contrarias a sus funciones como servidores públicos.
En marzo de este año, también se ordenó la captura del Abogado, Mario Sergio Crespín Cartagena, de 55 años, que es procesado por recibir dinero y sobornar a una víctima de violación.
El incriminado que se desempeña como coordinador del área penal de la Procuraduría General de la República de San Francisco Gotera, enfrentó la Audiencia Inicial, en el Juzgado Primero de Paz de la cabecera departamental de Morazán, pero también fue beneficiado con
medidas sustitutivas a la detención, imponiéndole una fianza de cinco mil dólares, presentarse al Juzgado de Instrucción y no salir del país.
