Apopa. Fiscales de la Unidad Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer en su Relación Familiar, de la oficina de Apopa, demostraron que Miguel Eduardo N., violó en varias ocasiones a su hijastra, desde que ella tenía 10 años de edad, por lo que fue condenado a 26 años con ocho meses de prisión, y el pago de $480.00, en concepto de responsabilidad civil, dijo la jefe de la unidad Blanca Amaya.
De acuerdo al dictamen de acusación fiscal, la adolescente que hoy tiene 14 años, comenzó a ser agredida sexualmente, cuando tenía 10 años, en la intimidad de la casa donde convivía con su madre, quien era compañera de vida del imputado, pero cuando ellos se separan la víctima le confeso a su madre lo sucedido con el padrastro, ya que por amenazas de muerte contra su mamá y ella no denunciaba el hecho.
Durante la vista pública desarrollada en el Juzgado Quinto de Sentencia de San Salvador, la fiscal del caso demostró que la adolescente fue violada en repetidas ocasiones, según lo confirmó el perito forense, y con base a las pruebas de cargo presentadas por la representación fiscal, el juzgador resolvió un veredicto condenatorio, imponiendo la pena de 26 años con ocho meses de prisión, por el delito de Violación en Menor o Incapaz Agravada Continuada, previsto y sancionado en los artículos 159, 162 n° 1 y 42 del código penal; además le impuso el pago de $ 480.00 en concepto de responsabilidad civil.
En su declaración la víctima explica que Miguel Eduardo N., se aprovechó de que su mamá salía rumbo al hospital a cuidar a su abuela que estaba enferma, quedándose dicho sujeto solo con ella, momentos que aprovechaba y la abusaba sexualmente, los abusos sufridos por la víctima se dieron desde la edad de 10 hasta los 13 años; que según la declaración de la menor fueron varias ocasiones en las que su padrastro abuso sexualmente.
Además la víctima agrega en su relato a través de Cámara Gesell, que al terminar siempre la amenazaba, y le decía que no debía contar nada de lo sucedido, sino la iba a matar a ella y a su madre, los abusos sexuales sufridos terminaron hasta que la madre rompió la relación con su padrastro y ella tuvo la confianza de contarle todo lo sucedido, por lo que se giró la orden de detención administrativa el 15 de diciembre de 2016.
