San Miguel. Representantes de la oficina Fiscal de San Miguel, pedirán a la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Oriente, que deje sin efecto la resolución del Juzgado Primero de Paz, que dejó en libertad ayer al jefe de la oficina de la Procuraduría General de la República y una Abogada en ejercicio.

Aunque el proceso penal pasó a la etapa de instrucción, el funcionario de la PGR, José Rigoberto Zelaya Zelaya, procesado por el delito de Falsedad Documental Agravada, y la Abogada Isabel Caballero Díaz, a quien se le acusa de Uso y Tenencia de Documentos Falsos, quedaron en libertad sin ninguna medida, pese a que los delitos son considerados  graves.

De acuerdo al escrito de inicio de acción penal, ambos profesionales del derecho están involucrados en la presentación de un poder especial ilegítimo, donde se ha falsificado la firma de un demandante contra su padre por el atraso en las cuotas alimenticias.

El afectado  asegura que él nunca ha autorizado a Caballero Díaz para que lo represente ni mucho menos ha firmado un poder; en el que autoriza que se suspenda la ejecución de un embargo de bienes en contra de su padre por no cancelar 38 mil colones, que asciende a más cuatro mil 342 dólares, en concepto de cuotas alimenticias que está en proceso en el Juzgado de Familia de San Miguel.

La representación fiscal argumenta que la participación del jefe de la PGR en el documento falso, es porque él en calidad de notario da fe y legitima que la firma que calza el documento ha sido hecha por el puño y letra del afectado directamente, cuando este acto nunca ha existido, configurándose el delito de Falsedad Documental Agravada.

El Juez Primero de Paz resolvió que si bien se ha presentado como prueba que la firma estampada en el poder es falsa, le genera “duda” la participación de los imputados en los hechos, y que no ve ningún “ánimo de lucro”.

La fiscal del caso asegura que en los delitos que se les imputa en ningún momento se establece como fin el “ánimo de lucro”, y además el poder ilegítimo presentado por la Abogada precisamente buscaba evitar la ejecución del embargo.

Ambos imputados no se presentaron a la audiencia inicial en el Juzgado. La defensa de Zelaya Zelaya, presentó una evaluación médica en la que se afirmaba que era necesario que lo evaluara un cardiólogo por sus padecimientos de hipertensión arterial.

Mientras que Caballero Díaz no pudo ser trasladada al Juzgado porque no se disponía de transporte para trasladarla de la delegación policial de San Miguel.