Santa Ana.

Los negocios clausurados por espacio de cinco días son el almacén Nuevo Mundo, ubicado en la Avenida “José Matías Delgado” Sur y 5ª. Calle Poniente, propiedad de la contribuyente María Luz Salazar de Morales, cuyo cierre fue emitido por orden del Juzgado Primero de lo Civil y lo Mercantil.

Otro es la gasolinera Shell Ramírez, ubicada en la 11 Avenida Norte, entre 6ª y 8ª. Calle Oriente, propiedad del señor Alberto Antonio Ramírez Peraza, Y QUE FUE ORDENADO POR EL Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil.

Un tercer negocio es la pupusería “Caney”, propiedad de Óscar Antonio Mata Claros y que está ubicada en la 11 Calle Oriente y 17 Avenida Sur.

Finalmente se procedió a cerrar la casa comercial “Allison”, propiedad de Randolfo Omar Henríquez Archila y que se encuentra ubicada en el callejón Santa Ana, Barrio Las Ánimas, del Municipio de Chalchuapa. Este último negocio fue cerrado por espacio de diez días.

La fiscal Mirna Flores, informó que en todos los casos los contribuyentes incurrieron en el delito de evasión de impuestos al fisco.

“Se tuvo conocimiento que estos negocios no emitían facturas a sus clientes, por lo que fedatarios (agentes de Hacienda), se apersonaron de forma encubierta a verificar la denuncia y efectivamente  determinaron la irregularidad en el funcionar de los negocios”, dijo la fiscal Flores.

Flores explicó que en su momento se les hizo la primera advertencia a los propietarios, no obstante continuaron con la misma práctica, por lo que el siguiente paso fue proceder al cierre temporal de los mismos.

Al  no emitir los contribuyentes las respectivas facturas comerciales, están evadiendo al fisco y ese dinero no llega a las arcas del Estado por lo que proyectos de beneficio social se ven afectados como en el caso de la educación, salud e infraestructura.

[View with PicLens]

La Unión.

 El miembro de la corporación policial fue sorprendido con un disparo de escopeta al lado izquierdo de la cabeza, el pasado sábado cuatro de septiembre, en horas de la madrugada, cuando realizaba un registro y allanamiento en busca de droga en la casa del imputado.

 La vivienda está ubicada en el caserío Cofradía Nueva, del cantón Los Amates, jurisdicción del municipio de Yayantique de La Unión.

 Guerreo Pacheco, fue detenido en el momento por otros agentes, decomisándole la escopeta y un revólver, ambas armas no están legalmente registradas, según las investigaciones.

 La detención fue ordenada por el Juzgado de Paz de Yayantique, en la audiencia inicial este día, después que el representante fiscal presentará suficientes pruebas indiciarias en su contra.

 El agente policial estaba destacado en el departamento de Usulután, y apoyaba el procedimiento anti narcóticos, autorizado por el Juzgado de Paz del municipio de San Buena Ventura.

San Miguel.

Por su parte la Fiscalía General de la República, estuvo representada por el Director de Intereses de la Sociedad de la zona Oriental, Sigfredo Campos Crespo, quien compartió la mesa de honor junto  a las máximas autoridades municipales y demás funcionarios del Gabinete de Gobierno.

Los jóvenes participantes que entonaron las notas del Himno Nacional de El Salvador y brindaron los puntos artísticos para el evento, fueron beneficiados por refrigerios donados por la Fiscalía, como una muestra de apoyo a los organizadores y premio a todo el sector educativo del departamento por mantener vivo el fervor cívico.

La actividad fue clausurada con las palabras del Sr. Viceministro de Seguridad, Henry Campos, quien llamo a mantener vivo el espíritu azul y blanco y una demostración de habilidades a cargo de agentes de la Policía Nacional Civil.

[View with PicLens]

En la audiencia inicial ayer en el Juzgado de Paz del municipio de Tecapán,  el Fiscal del caso de la Unidad de Vida de la oficina de Usulután, ofreció el testimonio de varios testigos protegidos, que lo señalan como el responsable de haberle ocasionado al menor, Juan Carlos Vigil, una herida al lado izquierdo del cuello.

El Juez validó las pruebas indiciarias por lo que le decretó la instrucción formal con detención provisional por el delito de homicidio agravado y agresión sexual en menor o incapaz agravada.

El crimen se perpetró  el pasado  29 de agosto a las 5:30 de la tarde, en el lugar conocido como la vereda de la gallina de la finca San Mauricio, del municipio de Tecapán en el departamento de Usulután.

Las investigaciones fiscales dan cuenta que, en varias ocasiones, Paniagua Vásquez, agredió sexualmente a la víctima, realizando tocamientos indebidos en sus partes íntimas.

La última agresión, según  las diligencias de indagación, se registró el cinco de mayo de este año, en horas de la tarde, cuando el menor se encontraba jugando fútbol en  su casa de habitación.

El menor, Carlos Vigil, era cuñado del incriminado, ya que convive con una de sus hermanas mayores, y al parecer habían discordias entre ambos por el maltrato físico que le ocasionaba a su hermana.

San Salvador.  

Orellana Hernández se desempeñaba hasta hace unos días como pastor de la Iglesia Adventista del 7º Día de San Martín, y la Fisacalía lo acusa por el delito de violación en menor o incapaz  en perjuicio de dos menores y  agresión sexual en una tercera.

El fiscal del caso, Amilcar Tamayo, señaló que las investigaciones contra el imputado iniciaron el 24 de abril del presente año, cuando la primera de las víctimas dio a luz a un bebé producto de la violación sexual.

La Fiscalía mediante técnicas de investigación logró determinar que el sujeto abusó sexualmente de las tres hermanas de la congregación.

 Tamayo, señala que el imputado se valió de su condición de pastor para acercarse a la familia y ganarse la confianza de los padres de las víctimas.

“El imputado se mostraba amable y atento con las víctimas, quienes en momentos de urgencias recurrían para que éste les realizara algún favor, situación que era aprovechada por el imputado y procedía a llevarlas hacia una casa, ubicada en San Martín, en donde abusaba sexualmente de ellas”, sostuvo el fiscal Tamayo.

 Producto de las violaciones dos de las jóvenes de 15 y 16 años quedaron embarazadas. El hecho fue del conocimiento de las autoridades, luego que la primera de ellas, diera a luz al bebé en el Hospital de Maternidad.

 Con base a una serie de pruebas el fiscal Tamayo, ordenó la captura del sujeto el pasado 2 de mayo; sin embargo éste se dio a la fuga.

 Durante la audiencia inicial, realizada en el Juzgado 2º de Paz de San Martín, se resolvió la instrucción formal con detención del sujeto.

San Salvador.

Sobre este proceso, el Fiscal General de la República, Romero Benjamín Barahona Meléndez, se pronunció manifestando que: “Este caso manda un claro mensaje a los funcionarios que no cumplen con sus deberes que el cargo les confiere,  en el sentido de que la Fiscalía General de la República no tolerará ningún tipo de acciones que estén sobre las leyes del país. Es de recordar que son funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y por consiguiente deben ser ejemplo para que las demás personas la respeten”.

Los agentes  Carlos Mauricio Martínez, César Geovanni Mendoza Pérez y el cabo Carlos Humberto Vásquez Blanco (sobreseído provisionalmente), fueron capturados la semana anterior por órdenes administrativas giradas por fiscales de la Unidad Penal de la Dirección de Intereses del Estado, acusados de exigir la cantidad de $400 a Wilmer Ernesto Castro Cruz, quien resultó lesionado tras ser impactada su motocicleta por un vehículo que conducía Jaime Orlando García Molina.

Ambas partes lograron conciliar por un monto de $1000, no obstante los agentes exigieron a la víctima la cantidad de $400, los cuales manifestaron “$250 serían para su jefe”, es decir el Cabo Vásquez Blanco.

“En el Hospital General del ISSS donde había sido trasladado Castro Cruz, el agente Martínez se dirigió a la sala donde era atendido y le preguntó cuánto dinero iba a pedir para no capturar al presunto responsable, a lo cual le manifestó que $1000. El mismo agente se dirigió hasta donde estaba el responsable del accidente para informarle que eran $1,300, pero al final quedaron en los mil dólares iniciales”, sostuvo la fiscal del caso.

No obstante luego de que la víctima recibiera el dinero, el agente manifestó que del dinero cierta cantidad sería para su jefe y el resto se lo compartirían con su compañero de fórmula.

Al momento de la captura al agente Mendoza Pérez se le decomisó la cantidad de $130, a Martínez $50 y al cabo Vásquez Blanco $70.

El crimen se perpetró el 21 de agosto de este año, aproximadamente a las 5:00 de la tarde en la colonia Narváez del municipio de San Luis Talpa, en el departamento de La Paz, detalló el fiscal del caso de la Unidad de Vida de la oficina fiscal de Zacatecoluca.

Con base a las pruebas indiciarias presentadas por la representación fiscal contra el imputado, el Juzgado de Paz de San Luis Talpa, le decretó instrucción formal con detención provisional.

De acuerdo a los testigos protegidos el menor fue atacado con disparos de arma de fuego, cuando se conducía junto a otras personas.

Oscar Chávez fue detenido  con una orden administrativa girada por la oficina fiscal de Zacatecoluca.

Mejicanos, San Salvador.

Fiscales de la Unidad de Patrimonio Privado, revelaron que la imputada de 34 años de edad, fue llevada a la Vista Pública instalada por el Juzgado Segundo de Sentencia de San Salvador.

En este caso la víctima, empresario en pequeño de la localidad, se encuentra amparada a régimen especial y por lo cual fue identificada únicamente con la clave “Joel”.

“Toda la prueba documental, testimonial, tanto de la víctima como testigos, así como la prueba pericial fue admitida y la validó muy acertadamente el Tribunal, por lo que al final emitió el fallo condenatorio y procedió a imponer la pena de 10 años de cárcel”, explicó el fiscal del caso.

Consta en las diligencias que el hecho comenzó a suceder desde inicios del mes de abril del año pasado, cuando la víctima recibió una serie de llamadas en su celular en donde se le advertía que de no pagar una renta de $400 sería asesinado al igual que sus familiares. La denuncia oportuna y las intensas investigaciones permitieron ubicar a esta persona, ya que al momento de exigir el dinero proporcionó el número de cuenta bancaria en la que su víctima tenía que hacer los depósitos.

Fue así como se comprobó que los retiros los venía realizando en una agencia localizada en el Puerto de La Libertad y hasta donde las autoridades policiales se trasladaron, para dar cumplimiento a la orden de captura girada por la Fiscalía de Mejicanos.

Ahora, Fuentes Morales ya cumple su sentencia en el Centro Penitenciario conocido como Cárcel de Mujeres.

Apopa, San Salvador.

Fiscales de la Unidad de Delitos contra el Menor y la Mujer de la oficina de Apopa, informaron que las víctimas cuentan actualmente con 14 y 16 años de edad, y tuvieron que soportar los acosos desde el año 2002.

La Vista Pública fue instalada por el Tribunal Sexto de Sentencia en donde se conocieron los diferentes elementos probatorios que la fiscal del caso recopiló y así logró demostrar la culpabilidad del acusado en la comisión del delito de Agresión sexual en menor o incapaz en las modalidades Agravada y Continuada.

“Se ha obtenido un veredicto de culpabilidad y en consecuencia al imputado se le ha impuesto la pena de ocho años de cárcel por cada delito cometido en contra de la menorcitas”, explicó la fiscal luego de conocer el fallo.

Los hechos se produjeron en el interior de una vivienda de la colonia Cumbre de San Bartolo, en la jurisdicción de Tonacatepeque.

La víctima que ahora cuenta con 16 años, comenzó a ser atacada por su padrastro desde que cumplió los siete y posteriormente empezó a agredir a su otra hermanita que para entonces cumplía los 5.

En sus declaraciones las menores narraron la forma en que fueron abusadas, en donde señalaron que principalmente lo sufrieron cuando la madre se ausentaba por razones de trabajo. Asimismo, dejaron constancia que eran castigadas  y amenazadas a muerte en las ocasiones que ponían resistencia y así eran obligadas a guardar silencio.

Durante el tiempo que duró el proceso, las víctimas recibieron el apoyo de su propio padre quien fue el promotor de la denuncia que sacó a luz este caso en septiembre del año pasado.